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19th of July 2018

Cine



Cine y teatro ponen coto al abuso a menores

Los actores afrontan cientos de castings. Han de resultar creíbles, atractivos, hilarantes o terroríficos, según el proyecto. Pero, desde hace un tiempo, pueden verse obligados a cumplir con otro requisito imprescindible: no ser un delincuente sexual. Todo trabajador que vaya a participar en películas, series u obras teatrales que conlleven un trato continuado con menores está obligado por la ley a presentar un certificado que demuestre que no arrastra ninguna condena con sentencia firme por delitos como acoso, abuso, exhibicionismo y provocación sexual, o prostitución y explotación. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor en octubre de 2015, afectó a todo el mundo laboral y las artes también están haciendo los deberes. Especialmente en el último año y medio, la gran mayoría de producciones tiene asumida la normativa como un trámite más, según las fuentes entrevistadas. Se detecta todavía, eso sí, algún retraso y desconocimiento, a la vez que la referencia de la ley al “contacto habitual con menores” deja abierta la puerta a decidir caso por caso.

Las grandes productoras teatrales que trabajan habitualmente con menores, como Stage Entertainment o Som Produce, responsables de musicales como El Rey León o Billy Elliot, entre otros, tienen sistematizada la gestión del papeleo. Saben que los trámites cuando se contrata a niños son infinitos, así que incorporan de forma natural todas las novedades que introduce la ley. Imaginen la locura de poner en marcha un espectáculo como Billy Elliot: casi doscientas personas implicadas y una decena de papeles interpretados por 60 menores que se alternan en las funciones diarias. “Por supuesto, se ha exigido el certificado a todos los trabajadores que tienen contacto directo con los niños”, asegura un portavoz de Som Produce.

Todos aplauden la protección que garantiza la ley a los más pequeños y coinciden en la facilidad de obtener el documento, procedente del Registro Central de Delincuentes Sexuales: online, o en una oficina del Ministerio de Justicia. “La ley atribuye la obligación de presentar el certificado a quien ejerza o pretenda ejercer actividades que impliquen contacto habitual con menores. En caso de no hacerlo queda a criterio del empleador determinar los trabajadores que deben acreditarlo”, explican desde Justicia. En la práctica, suele ser la productora la que pide el documento a los trabajadores o a su agencia o incluso asume su tramitación.

“Solemos hacer la solicitud grupalmente”, aclara Eugeni Margalló, director de producción de Diagonal. Lo habitual es que una persona de la compañía obtenga las autorizaciones de quienes vayan a ser contratados y consiga los certificados en su nombre. “Como valen 12 meses, si la producción supera el año, aunque los miembros del equipo sean los mismos, renovamos automáticamente la solicitud para tenerla siempre en vigor”, añade.

“Los certificados se están exigiendo, no hay más, la ley es tajante”, confirman desde una de las principales compañías de representantes. Sin los documentos, o en caso de certificación positiva, “no sería posible la contratación”, afirman en la productora Ganga, detrás de series como Cuéntame cómo pasó. Así lo comparten en la Unión de Actores y en el sindicato CNT, donde debieron explicárselo a un intérprete. “Tenía antecedentes penales, no podía trabajar con niños”, aclara Juan Javier Herrera, delegado de figurantes. Entre 2016 y 2018, se han expedido 4,6 millones de certificados en España, sumando todos los ámbitos profesionales: 1.306 han resultado positivos, en datos de Justicia.

El certificado solo recoge sentencias firmes: no aparecen investigaciones, casos abiertos ni antecedentes borrados (los plazos de cancelación van desde pocos meses hasta 30 años por los delitos más graves). “No parece que el mero hecho de poder tener contactos con menores determine, per se, una limitación para el acceso a determinadas profesiones. Es necesario que la actividad implique en sí misma un contacto habitual. […] Se trata por tanto de un criterio casuístico, que habrá que valorar para cada puesto de trabajo”, afirma el dictamen 401/2015 de la Agencia de Protección de Datos sobre la ley.

Una tarde de grabación, por ejemplo, no precisaría de certificados, pero sí varios días en el set. El personal que trabaja en el funcionamiento diario de los teatros, como técnicos, acomodadores o taquilleros, tampoco se ve afectado. No obstante, instituciones como el Centro Dramático Nacional, que combinan la exhibición con la producción, solicitan el certificado para toda casi toda su plantilla “para curarse en salud”, apuntan desde la entidad. Las salas más pequeñas, como la Cuarta Pared de Madrid, lo piden a los docentes que imparten clases de teatro a niños.

Aunque, sin experiencia en estas lides, el proceso puede complicarse. “Lo desconocía, pero si hay que implementarla se implementará”, reconoce Tono Folguera, vicepresidente de PROA, una de las principales asociaciones de productores audiovisuales. Acto seguido, subraya que en “prácticamente todas” las producciones los menores están acompañados por su tutor legal: “No he visto nunca un niño solo en un rodaje”. Además, las condiciones para contratar a menores son “tan estrictas y complejas” que intentan evitarlos.

Toni Luque, productor ejecutivo de No Day But Today, lo está descubriendo: se enfrenta por primera vez (y con espanto) a esa burocracia para poner en pie la versión catalana de Fun Home —musical basado en la novela gráfica de Alison Bechdel que triunfó en Broadway y Londres—, que tiene previsto estrenarse en septiembre en Barcelona. En el espectáculo participan unas 50 personas y está en proceso de obtención del certificado para 30, las que tienen contacto directo con los niños.

“Cuando te metes en esto intuyes que la burocracia va a ser mortal, pero no te imaginas lo que es. Cuando pides información a la Generalitat, por ejemplo, te cuentan sus exigencias, pero no las de otras administraciones como el Ministerio de Justicia, que es el que obliga a solicitar el certificado. Vas descubriendo todo lo que tienes que hacer poco a poco, preguntando, pidiendo consejo a otras productoras con experiencia… En fin, hay que armarse de paciencia”, suspira.

Más allá de la cultura

CARMEN MORÁN

Hace unos años, los casos de abusos a niños por parte de profesores, monitores, se sucedían con frecuencia ante el pasmo de la opinión pública. En 2015, el Gobierno exigió por ley la presentación de un certificado a aquellas personas que trabajaran con menores y dispuso la creación de un registro específico en el Ministerio de Justicia. “Eso ya funciona con normalidad, al principio tuvimos problemas y nos quejamos, porque no se había creado el registro específico y los docentes, monitores, conserjes, etcétera, tenían que presentar un certificado donde figuraban delitos comunes contra la hacienda pública o los de tráfico, por ejemplo; eso nos parecía una intromisión en sus vidas privadas que atentaba contra su libertad. Pero luego todo se normalizó y hoy se sigue haciendo”, explica Francisco García, secretario general de Enseñanza de CC OO.

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